Contraloría halla responsabilidad en Piero Corvetto y otros 9 funcionarios de la ONPE por irregularidades en primera vuelta

Informe revela modificaciones arbitrarias en la contratación del transporte de material electoral que favorecieron a la empresa Galaga SAC.

Maniobra dejó un perjuicio económico de cientos de miles de soles y afectó el derecho al voto de más de 55 mil electores en Lima Metropolitana.

En un contundente informe que sacude los cimientos del sistema electoral, la Contraloría General de la República determinó responsabilidades en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre los que figura el propio jefe del organismo, Piero Corvetto. La auditoría reveló presuntas irregularidades administrativas y logísticas registradas durante la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril de 2026, una situación crítica que terminó afectando de manera directa el derecho al voto de 55,261 electores de Lima Metropolitana.

De acuerdo con el documento de control, el origen del colapso logístico se produjo en la etapa de evaluación de propuestas. Los evaluadores de la ONPE, identificados como Lilia Flores Bancho y William García Velásquez, modificaron de manera arbitraria los criterios técnicos establecidos en los términos de referencia con el único fin de favorecer a un postor específico durante el proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral.

​La investigación fiscalizadora señala que los citados servidores redujeron en dos metros el largo exigido para los camiones repartidores, un cambio de reglas que no se encontraba contemplado en las bases del concurso ni en ningún otro documento oficial del proceso.

​El informe de control también pone al descubierto las debilidades operativas de la contratista beneficiada. La empresa ganadora ejecutó el traslado del material crítico con un 92% de vehículos alquilados a terceros y apenas un 8% de unidades de su propiedad.

​Lo más grave es que los funcionarios de la Gerencia de Gestión Electoral y de la Subgerencia de Producción Electoral tenían pleno conocimiento de que se requerían cerca de 400 camiones para cubrir con éxito el operativo; sin embargo, en los términos de referencia solo exigieron acreditar una flota mínima de 40 vehículos propios, facilitando la improvisación en el despliegue.

​Tras la publicación de este informe, el expediente técnico con las responsabilidades administrativas y civiles ha sido derivado a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones legales contra Corvetto y los demás implicados. En tanto, la opinión pública y diversos sectores civiles exigen una reorganización inmediata en las gerencias claves de la ONPE para salvaguardar la transparencia y la seguridad de los procesos democráticos venideros en el territorio nacional.

Fuente: La República