Decretan estado de emergencia por 60 días en Lima y Callao para frenar el crimen organizado
La medida oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM dispone el control del orden interno a cargo de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas, además de la suspensión temporal de derechos constitucionales y la creación de un comando unificado.
Con el propósito de intensificar las acciones contra el crimen organizado y contener los hechos de violencia que vulneran la tranquilidad pública, el Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario. La disposición, refrendada en el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, establece la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales referidos a la libertad de tránsito, de reunión, a la seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio.
Bajo este marco normativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno respaldada por las Fuerzas Armadas, focalizando las intervenciones tácticas en base a mapas del delito, datos estadísticos y labores de inteligencia. Asimismo, se constituyó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encabezado por el comandante general de la PNP, con el encargo de articular metas estratégicas e integrar a los diversos niveles del Estado.
El despliegue en las calles se complementará con patrullajes disuasivos, rastrillajes y control de identidad a cargo de fuerzas integradas (PNP, FF. AA. y Serenazgo), además de operativos contra el comercio ilegal de armas, explosivos, drogas, autopartes y equipos móviles de dudosa procedencia. La estrategia incorpora también el uso de drones, videovigilancia e imágenes satelitales, reforzando a su vez el control en las cárceles para bloquear comunicaciones delictivas.
La disposición gubernamental contempla una mayor difusión del sistema de recompensas para capturar a extorsionadores, sicarios y miembros de bandas criminales, articulando a la par una atención célere con el Ministerio Público y el Poder Judicial frente a los casos delictivos.
Fuente: Mininter
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