Ejecutivo declara el estado de emergencia en cinco penales de por 60 días para reforzar el control en sus exteriores
La disposición abarca los penales de Challapalca, Cochamarca, Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguardarán un perímetro de 200 metros en el exterior de cada recinto para neutralizar las redes de extorsión.
Como parte de la estrategia integral para combatir la delincuencia organizada y la extorsión en el país, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, permite el despliegue inmediato de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para ejercer el control del orden interno en el perímetro exterior de estos recintos, abarcando un radio de hasta 200 metros fuera de las instalaciones.
Los recintos comprendidos en esta norma son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro (Lima), Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad), establecimientos que concentran a un elevado porcentaje de internos vinculados a bandas criminales y mafias de extorsión. Mientras que la PNP y las FF. AA. custodiarán los accesos perimetrales, el espacio aéreo contiguo y el espectro electromagnético para frenar la transmisión ilícita de señales de telecomunicación, la administración interna de los penales continuará bajo la responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Durante la vigencia de la declaratoria, quedan suspendidos o restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión y la libertad y seguridad personales para quienes ingresen o transiten por los perímetros delimitados. Asimismo, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE ejecutará requisas extraordinarias permanentes dentro de los pabellones para incautar objetos prohibidos, como teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas.
Directrices bajo la nueva gestión del INPE
La promulgación del decreto supremo se concretó tras una reunión de trabajo liderada por el Ejecutivo en Palacio de Gobierno, de la que participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el flamante presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El primer ministro Galarreta enfatizó que esta intervención se ejecuta como una medida inmediata para blindar los penales y evitar que continúen operando como centros de mando delictivo, al margen del trámite de la solicitud de facultades legislativas solicitadas al Congreso de la República. La norma especifica que durante las intervenciones se garantizarán de forma irrestricta los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la salud y el debido proceso, conforme al marco constitucional y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con el cerrojo policial y militar en las afueras de los penales clave del país, el Estado busca cortar la cadena de mando de las organizaciones criminales que operan desde el encierro, marcando la primera acción de impacto bajo la nueva conducción del INPE.
Fuente: (El Peruano)
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