Revelan que diputados y senadores contrataron en sus despachos a financistas de sus campañas electorales
Informes periodísticos exponen que legisladores de diversas bancadas integraron a sus aportantes como asesores y personal de confianza, con remuneraciones mensuales que alcanzan hasta los S/ 14.000.
Una investigación periodística reveló que diversos senadores y diputados del Congreso de la República contrataron en sus respectivos despachos a personas que financieron o realizaron aportes económicos para sus campañas electorales. El informe detalla que los contratos suscritos con recursos del erario público incluyen asignaciones en cargos de confianza y asesorías principales con sueldos del Estado que bordean y superan los S/ 14.000 mensuales, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por presunto conflicto de intereses y favorecimiento en la función pública.
De acuerdo con los registros oficiales de aportaciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) e información del módulo de personal del Parlamento, las contrataciones comprometen a parlamentarios de múltiples bancadas. Entre las agrupaciones involucradas destacan legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas con representación en ambas cámaras del Poder Legislativo.
Los reportes evidencian que varios de los financistas —quienes realizaron aportes en efectivo o en especies durante la contienda electoral— asumieron cargos clave como asesores principales, tucos técnicos y coordinadores parlamentarios a las pocas semanas de la instalación de las nuevas cámaras. Especialistas en derecho constitucional y ética pública advierten que esta práctica bordea las infracciones al Código de Ética Parlamentaria y abre investigaciones en el fuero de la Comisión de Ética.
Cuestionamientos y reclamo de fiscalización
El destape ha desencadenado reacciones adversas en la opinión pública y sectores de la sociedad civil, desde donde se exige la intervención inmediata del sistema de fiscalización interna del Congreso y de la Contraloría General de la República para auditar las contrataciones de personal en los despachos.
Frente a las acusaciones, algunos parlamentarios indicaron que las contrataciones responden al perfil profesional de los convocados y a la libertad de designación de cargos de confianza que les otorga el reglamento institucional.
Con esta revelación, el Parlamento bicameral afronta un nuevo cuestionamiento sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos y el rigor en la selección del personal parlamentario.
Fuente: Infobae
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